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Lima, 22 may (EFE).- El acceso a la información es más difícil entre la población vulnerable de Perú, alertó este miércoles la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en la presentación de un informe que estudió los principales obstáculos que enfrenta la ciudadanía sobre este derecho. "El acceso a la información pública es crucial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas por parte de las autoridades, genera ciudadanía, empodera contra la desinformación y los discursos de odio", afirmó la representante de la Unesco Perú, Guiomar Alonso, en la presentación del informe, que estudia esta cuestión tras 20 años de vigencia de la Ley de Transparencia. En este sentido, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Perú, Igor Garafulic, afirmó que el país andino "ha sido uno de los pioneros en implementar la ley de transparencia y acceso a la información pública" y añadió que la Defensoría ha tenido un papel importante para garantizar su cumplimiento. El informe concluye que la tercera parte de las quejas por falta de acceso a la información en el periodo 2019-2022 fueron presentadas por personas en grupos vulnerables. "En esta sala, estamos convocados todos los preocupados en garantizar el acceso a la información, pero con énfasis a poblaciones vulnerables de todo el país, a personas con discapacidad, nuestros pueblos indígenas del Perú profundo, entre otros", dijo el defensor del pueblo, Josué Gutierrez. De acuerdo a los resultados de estudio, que recoge por primera vez las quejas por afectación al derecho de acceso a la información presentadas ante la Defensoría del Pueblo se advierte que el 31 % fueron presentadas por poblaciones en condición de vulnerabilidad. "Entre las entidades más quejadas destacan los gobiernos locales con un 43 %, luego los ministerios con un 34 %, Gobiernos regionales con 13 %, y otros con un 10 %", indicó la Defensoría. Precisamente los Gobiernos locales fueron las entidades más reclamadas por este colectivo, con el 76 % de los casos presentados en el mismo periodo. La institución tramitó 15.775 quejas sobre este tema desde 2003 y advirtió que el "hecho vulneratorio" más recurrente fue la falta de respuesta dentro del plazo legal, con más del 57 % de los casos. Tras estos resultados, la Defensoría plantea al Congreso regular la figura del abuso del derecho en materia de acceso a la información pública y la excepción absoluta del pago de costos en los procesos de hábeas data (recurso de agravio constitucional para proteger derechos a la información). A las autoridades responsables de la transparencia, les recomienda elaborar un modelo de registro de solicitudes de acceso a la información que pueda ser replicado por todas las entidades públicas. Finalmente, sugiere a la Presidencia del Consejo de Ministros adoptar las medidas necesarias para la creación e implementación de una Plataforma Nacional de Acceso a la Información Pública, que permita presentar y dar seguimiento a las solicitudes de información. (c) Agencia EFE
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