Mtro. Luis Eduardo Ayala Salazar · Egresado de la Maestría en Educación, UNIVA La Piedad
Eran las vísperas de los días santos, en unas cuantas horas millones de mexicanos aglomerados en distintas, parroquias, rectorías, basílicas y catedrales escucharían: “Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado” (Jn. 13:34). Faltaba nada para ese sagrado momento cuando en Taxco, Guerrero; Camila de 10 años, sería privada de la vida, al mandamiento nuevo lo ahogo la rabia y una turba enardecida linchó a la feminicida de Camila, condenándola al mismo destino.
Las crónicas del linchamiento en Taxco mencionan que pronto se supo de los responsables, sin embargo, la fiscalía no mandó a tiempo las órdenes de aprensión y el pueblo cansado de la inactividad de la institución decidió actuar, castigando a los culpables con una furia brutal producto de frustraciones, irritaciones e indignaciones acumuladas por años.
Este linchamiento es el más fresco en la memoria mexicana, sin embargo, no es el único. De acuerdo a Guillén y Ávila (2023) en el período 2016 a 2022 se han registrado 1 619 linchamientos o intentos de linchamientos en nuestro país, esto es, la colectividad en una irritación compartida juzga violentamente a los individuos que la lastiman, saltándose los procesos institucionales de justicia por considerarlos ineficientes o desconfiables. (Guillén & Ávila, 2023 a.).
A los linchamientos se les debe sumar que la ciudadanía cada vez recurre menos a las instituciones de procuración e impartición de justicia por la incapacidad de respuesta que tiene, los engorrosos trámites burocráticos, las revictimizaciones y criminalizaciones constantes a las víctimas y los nulos resultados en la investigación de los delitos. Lo anterior se puede observar en las vertientes cualitativa y cuantitativa. En cuanto refiere a la primera, el vídeo que circuló en redes sociales en enero de este año donde mujeres wixárikas de la zona norte de Jalisco, solicitaban al cabecilla del CJNG frenara la violencia de uno de sus sicarios en su comunidad (Mileno, 2024). Esta práctica donde se solicita la intervención al crimen organizado para llevar a cabo acciones de castigo a delincuentes es muy común en zonas vulneradas y vulnerables, aunque es poco visible por su poca documentación.
Por otra parte, la cuestión estadística presenta que en 2023 según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) del INEGI, el 45 % de la población de 18 años o más consideraba poco o nada efectivo a los ministerios público y fiscalías generales, el 42 % a la policía ministerial o de investigación, el 41.7 % a los jueces y el 49.7 % a los policías municipales. En cuanto a desconfianza, el 42 % de los mexicanos desconfía de los MP y las FGJ, el 41% de la policía ministerial o de investigación y de los jueces y el 44 % de los policías municipales. A estos números se le agrega que el 92.4 % de los delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, lo que se conoce como cifra negra, y según el reporte Hallazgos 2023 de México Evalúa en 2022 el índice de Impunidad fue del 96.3 %, es decir, en México solamente 4 de cada 100 delitos que son investigados culminan en una sentencia o acuerdo reparatorio. (México Evalúa, 2023).
Ante este panorama surge la pregunta, aunque suene a perogrullada, ¿cómo afecta la crisis de autoridad y la desconfianza en las instituciones de impartición y procuración de justicia a la sociedad mexicana?, ¿estamos aprendiendo a cohabitar con el crimen organizado y asimilando prácticas ilegales a nuestra normalidad?, ¿qué sucede con el famoso contrato social en México?, ¿habrá que repensarlo, deconstruirlo o destruirlo?, se tratará de centrarse en esta última pregunta, “quibole con nuestro contrato social”.
El contractualismo es esta teoría de la filosofía política moderna que a grandes rasgos explica que la génesis de la sociedad y el Estado se da como una especie de contrato común donde se sublimen los intereses individuales en un solo interés general, sin que la consolidación de éste desatienda las demandas de los individuos. (Méndez & Bárcenas, 2021).
El objeto de dicho contrato puede variar dependiendo del autor en cuestión, sin embargo, hay tres que son fundamentales para entender este tema: Hobbes, Rousseau y Kant. Para Hobbes y para Kant el fundamento de dicho contrato debe ser absoluto porque al mismo tiempo que cede derechos, también asigna obligaciones, por otro lado, para el francés el contrato debe reemplazar un orden civil injusto con leyes imparciales donde todos a través de acuerdos puedan ser beneficiados. (Méndez & Bárcenas, 2021 a). Estos tres filósofos, aunque sustancialmente tienen posturas diferentes, comparten que el contrato social establecerá un orden social, donde los individuos logren desarrollarse, es aquí donde entra el Estado.
El Estado es esa institución que se encarga de garantizar el correcto funcionamiento del contrato social, de reconocer los derechos de las personas y asignar las obligaciones correspondientes, además de procurar el orden, la paz, la seguridad y la libertad positiva. El Estado moderno, contratado para poder garantizar esto, monopoliza el uso de la fuerza y a través de procesos de legitimación convierte un estado de conflicto, en un Estado de derecho o lo que se conoce como “gobierno/gobernar” (Bobbio, 1985). Es en este desarrollo donde la ciudadanía le otorga al gobierno el uso legítimo de la fuerza, siempre y cuando este último garantice el orden y la seguridad de la primera, nadie fuera de éste está facultado para usar la fuerza y a quién lo haga no se le reconocerá, pero de lo que se habla, es en un espacio hipotético donde todo funciona correctamente, sin embargo, la realidad mexicana es muy diferente.
El México contemporáneo se ha visto atravesado por múltiples violencias que erosionan a su sociedad, pero las producidas por el crimen organizado serán el centro de este bloque, pues, sus alcances han crecido exponencialmente, llegando a infiltrarse hasta los aparatos del Estado cuyo objetivo es procurar la seguridad y la justicia. Las instituciones policiacas, ministeriales, de investigación e incluso hasta ciertos jueces aparte de ser poco eficientes se han involucrado con el crimen organizado cuidando más los intereses de estos últimos que de la ciudadanía, esto ha traído consecuencias no solo en el tejido social mexicano, sino también, en el famoso contrato repasado líneas anteriores, pues el Estado ya no garantiza el orden para la ciudadanía, es más bien generador de conflicto, por lo que el monopolio de la fuerza se difumina, pues, ¿qué sentido tiene que el Estado monopolice la fuerza si es incapaz de brindar seguridad a la población?
En este sentido el Estado está perdiendo su legitimidad, se le cuestiona constantemente su actuar y su inoperancia ocasiona que sea la propia ciudadanía la que cuide de sí misma, su integridad, su seguridad, su orden, aunque tenga que utilizar la fuerza y la violencia, propia de la indignación de saberse indefensa.
El contrato social en México se debilita en cuanto el Estado de derecho no es vigilado por el propio aparato de gobierno, en cuanto la sociedad cada vez se ve más vulnerada ante el crimen organizado y la criminalidad en general, en cuanto la justicia es selectiva y clasista, en cuanto la investigación de los delitos es poco científica, mal llevada procesalmente y llena de corrupción, en tanto los índices de impunidad sean de más del 90%, en tanto la seguridad sea solo una narrativa.
¿Qué sucede actualmente entre Estado y sociedad mexicana? Porque no es normal que se levanten autodefensas, que se linche hasta la muerte a los culpables o presuntos culpables, que se le solicite al crimen organizado protección, orden, seguridad y paz, que se aprenda a cohabitar con el crimen organizado y normalicemos su presencia, legitimemos su actuar, sus violencias, su inmersión en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, la capitalización de sus mensajes y la vida con resignación.
¿Cómo repensar el contrato social mexicano?, ¿cómo lograr un orden social si el encargado de mantenerlo, es el mismo que lo violenta?
Fuentes y referencias
- Bobbio, N. & Bovero, M. (1985). Fundamentos del Poder Político. (J.F. Santillán, Trad.) Grijalbo. México (Trabajo original publicado en 1984)
- Guillén, R. R., & Ávila, N. I. V. (2023). Acerca de los linchamientos (y el vigilantismo): reflexiones sobre la violencia en México. El Cotidiano, 38(237), 7-15.
- INEGI (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/#documentacion
- Méndez Pinto, Emilio, & Bárcena Juárez, Sergio Arturo. (2021). Los Linderos Filosóficos del Contractualismo Político. En-claves del pensamiento, 15(29), 52-85. Epub 24 de marzo de 2021.https://doi.org/10.46530/ecdp.v0i29.435
- México Evalúa (2022). Hallazgos, Frederich Human Fundatio. https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2023/10/HALLAZGOS2022.pdf
- Milenio (2024). Mujeres indígenas piden a «El Mencho» frenar la violencia que se está generando en Jalisco. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gFtch0aRyx4
