Los peligros del decreto, aprobado por el Gobierno de Dina Boluarte, que clasifica la diversidad sexual y de género como enfermedad

El viernes 10 de mayo, el Gobierno de Perú aprobó el Decreto Supremo 009-2024, que ha sido ampliamente rechazado por incluir categorías de identidad de género y orientación sexual dentro de clasificaciones de trastornos mentales. Este documento, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, identifica explícitamente a la población trans y a las dudas relacionadas con la identidad de género como condiciones de salud mental a ser abordadas.

El fundamento para esta clasificación proviene de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el Ministerio de Salud (Minsa). En conversación con Infobae Perú, una especialista explica las consecuencias que la derogación de esta normativa tendrá en una de las poblaciones más vulnerables del país.

De acuerdo a Shely Cabrera, responsable de Incidencia del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de la organización feminista Manuela Ramos, lo que hace este decreto es modificar la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS); es decir, establece qué enfermedades son, de alguna manera cubiertas, por los seguros. No obstante, la aprobación del mencionado documento ha supuesto una amenaza para los integrantes de la comunidad LGBTQIA+ en todo el Perú.

La especialista, además, apunta que, aunque el Gobierno de Dina Boluarte aprobó la promulgación de este DS, es el Minsa la entidad que dio luz verde para que la propuesta prospere.

El decreto 009-2024 tiene un gran número de implicancias en contra de la comunidad LGBTQIA+. Para la representante de comunidad LGBTQIA+, estos atentados contra la dignidad de dicha población suponen amenazas de todo tipo:

• Se impulsará más la difusión de discursos que atentan contra la dignidad de estas personas, ya que grupos discriminatorios se podrán basar en la ley al decir que es una enfermedad.
• Limitarán su acceso a los servicios de salud requeridos para sus identidades.
• En el caso de las personas trans, no serán respetadas y se las expondrá a ser llamadas por su nombre social, que no se considere su pronombre y no se les reconozca uno de los derechos más básicos, que es la identidad.
• Se encontrarán expuestas a ser sometidas a cualquiera de los Esfuerzos por Cambiar la Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), como las terapias de conversión.

La crítica y el rechazo no se hicieron esperar y, frente a este panorama, el Minsa emitió un pronunciamiento el último sábado 11 de mayo para “ratificar su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades” y “expresar su respeto a las identidades de género, así como descartar la estigmatización de la diversidad sexual en el país”; sin embargo, este comunicado también obtuvo reacciones negativas por parte de la ciudadanía.

Por su parte, Cabrera considera que esta acción no es más que un intento por “justificar la decisión”. Además, la califica de “contradictoria”, puesto que en el mismo comunicado se reconoce la existencia del CIE-11, pero se optó por no aplicarlo aún pese a que opina que no hubiera supuesto mayor problema.

Esta postura fue respaldada por un gran número de especialistas y organizaciones de derechos humanos. De esta manera, la asociación civil Más Igualdad Perú, 414 profesionales de la salud mental y 176 representantes de organizaciones LGBTQIA+ enviaron este lunes 13 de mayo una carta al ministro de Salud, César Vásquez, con el objetivo de condenar la nueva clasificación de la diversidad de género y sexual como una enfermedad, así como exhortar la aplicación de CIE-11 a nivel nacional.

El lunes 13 de mayo, la congresista Flor Pablo Medina reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que había solicitado a la Presidencia y al Minsa la derogación del decreto supremo, al que tildó de “vergonzoso”.

“No podemos permitir que se retroceda, denigre y vulnere los derechos a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la salud y otros derechos de las personas LGBTI en el Perú”, concluyó.