Las elecciones del 9-J tendrán lugar con la ley de amnistía aprobada y camino del BOE, por Ernesto Ekaizer

Una campaña electoral sembrada esta de las europeas del 9 de junio. Porque el jueves 30 de mayo, poco antes de la segunda semana de dicha campaña el Congreso de los Diputados, votará por mayoría absoluta el levantamiento del veto senatorial y el envío de la ley al presidente del gobierno para su sanción y promulgación por el rey en los quince días siguientes. 

Las fuentes parlamentarias consultadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA aseguran que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces la semana próxima, convocará finalmente el Pleno para el citado día 30 de mayo.

La ley de amnistía entró en el Senado el 19 de marzo de 2024 y después del plazo máximo de dos meses prácticamente agotado por la mayoría absoluta del PP ha salido ahora para “refrescar” su existencia en las elecciones europeas. Fuentes consultadas sobre la posibilidad de convocar ese Pleno después de las elecciones, habida cuenta de su impacto indudable en los nueve días siguientes de campaña, entre el 30 de mayo y el sábado 8 de junio, jornada de reflexión, han apuntado que no se contempla dicha posibilidad.

El PP, que tenía hasta el 16 de mayo para ejercer su veto a ley, decidió anunciar, teniendo en cuenta su repercusión en las elecciones del 12 de mayo en Cataluña, en plena campaña electoral, escenificar el veto después de los comicios. Precisamente, la amnistía volverá a adquirir vida real y portada de todos los medios de comunicación el 30 de mayo, reforzando la campaña del PP contra ella a partir del 23, día en que se abre la campaña en Bruselas con el debate de los cabezas de lista de los grupos políticos. 

Al no fijar la votación después del 9-J, el PSOE, pues, se dará de bruces con la aprobación de la ley de amnistía el 30 de mayo. Con todo, según fuentes socialistas, se refresca la amnistía, sí, pero también los resultados de Illa y el reforzamiento de Pedro Sánchez al conseguir la perdida de mayoría del bloque independentista con considerables pérdidas de votos y escaños.

Con todo, el PP ha tenido que desandar el camino iniciado al conseguir los grandes titulares de los medios sobre la amnistía como motivo de un conflicto institucional “histórico” en España -así se vendió y así se compró-entre el Senado y el Congreso que llevaría al Tribunal Constitucional. El Pleno del Senado así lo votó y solicitó a la Mesa del Senado. Pero, al ejercer el veto este martes 14, el PP se echó, como, por otra parte, ya había insinuado, atrás. No habrá planteamiento de conflicto histórico entre el Senado y el Congreso. 

El PP ha decidido honrar retrospectivamente la definición del actual Tribunal Constitucional que difundió el diputado, precipitadamente convertido en “experto oncólogo”, Esteban González Pons, el 23 de enero de 2024, cuando explicó que el TC “es un cáncer para el estado de derecho”, unas palabras que él vicesecretario general institucional del PP consideró, después de proferirlas, una “comparación que no es afortunada”. 

En aquella comparecencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona, dijo que el PP se planteaba dejar de presentar recursos para impedir al TC “la posibilidad de mutar la Constitución”.

Pons (PP) rectifica tras asegurar que el TC es el "cáncer del Estado": "La comparación no es afortunada"

Según el artículo 91 de la Constitución, “el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. Es decir: la ley de amnistía, libre del veto del Senado el 30 de mayo, llegará a las manos de Pedro Sánchez quien la cursará al rey para sancionarla en quince días. Con todo, podría teóricamente estar publicada en el BOE antes del domingo 9 de junio.

El regreso de Puigdemont

La fecha de publicación es relevante para el proceso de ejecución de la ley de amnistía y el retorno de aquellos políticos que están fuera de España, especialmente, el todavía candidato, a president de la Generalitat, después de perder las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont.

Puigdemont espera con expectación una de las consecuencias de la aplicación de la ley de amnistía: la anulación de la orden de detención nacional que sigue vigente en el Tribunal Supremo sobre el expresident por delito de desobediencia y malversación de caudales públicos. 

Esa decisión del magistrado instructor, Pablo Llarena, conducirá a concluir el sumario en el cual Puigdemont ha sido declarado en rebeldía, y a solicitar el archivo a la Sala Segunda de lo Penal del Supremo. 

La Sala decidirá también si resuelve elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sus previsibles dudas sobre la legalidad de la amnistía. 

O si presenta una cuestión de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional.  

Pero si optase por ambos recursos, la Sala Segunda sabe que el TC se pronunciará sobre un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía siempre después de que lo haga el TJUE.

El PP por su parte presentará un recurso de inconstitucionalidad para lo que dispondrá, a partir del día de junio en que el BOE publique la ley, de un plazo de tres meses. Es previsible que lo eleve al TC en el tercer trimestre de 2024. Y no será hasta diez o doce meses después, en todo caso antes de finales de 2025, que el TC podría pronunciarse sobre ese recurso de inconstitucionalidad.

El pulso político, pues, se acelera con la publicación de la ley, un pulso en el que el retorno a España de Puigdemont será una pieza estelar de cara a la votación de investidura (si no se produce la improbable repetición electoral), donde aspira a falta de mayoría absoluta reunir más síes que noes respecto al ganador de las elecciones en escaños y voto popular, el socialista Salvador Illa. 

Aunque el líder de Junts intenta hacer presunta pedagogía con el hecho de que su potencial retorno al Palau dela Generalitat -Oriol Junqueras ha dicho que ERC “no vende humo” y es contrario a “levantar castillos en el aire que paralicen y generen más desgaste y frustración”- en un escenario como el que él presenta -el perdedor en escaños y votos alcanza la presidencia- ya ha ocurrido en la Moncloa después del 23 de julio de 2024 con Pedro Sánchez, es lo cierto que el Partido Popular combatió rabiosamente ese desenlace. Y perdió.

En cambio, el líder de Junts está pidiendo en Cataluña que el ganador colabore con el clarísimo perdedor.

¿Es una oferta que Illa y Sánchez no pueden rechazar, que diría Don Corloene, por la amenaza de retirada de los apoyos de Junts en el Congreso de los Diputados?

Ya lo han dicho. No hay amenaza que valga.

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