MEMORIA DEMOCRÁTICA | Los autores del catálogo de vestigios franquista defienden su imparcialidad

Los autores del catálogo de vestigios franquista defienden su "imparcialidad"

La líder del proyecto achaca el dilema a "una cuestión de dignidad institucional"

El Gobierno de Canarias derogó el listado por ser "inconcluso" y "parcializado"

Fachada del edificio José Antonio, uno de los vestigios franquistas de la ciudad conocido como ‘Casa del coño’.

Fachada del edificio José Antonio, uno de los vestigios franquistas de la ciudad conocido como ‘Casa del coño’. / Juan Carlos Castro

Con hartazgo en su tono de voz, la líder del equipo investigador que redacta el catálogo de vestigios franquistas en Canarias rechaza las declaraciones pronunciadas por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien se refiere al documento por estar "mal hecho", aferrándose a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Acorde a lo expuesto en el fallo judicial, el Gobierno de Canarias derogó este catálogo, que fue impulsado por el anterior Ejecutivo.

Desde la comisión investigadora encargada Universidad de La Laguna, la catedrática en Historia del Arte, María Isabel Navarro, percibe "con agotamiento" esta derogación del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas de Canarias, un documento que en su borrador registra más de 200 vestigios franquistas en las capitales de las ocho islas del Archipiélago. Durante la pasada legislatura, presidida por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, la institución universitaria firmó un convenio para la redacción de este catálogo, aún en una segunda fase del trabajo.

Entrada a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

Entrada a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria / Juan Carlos Castro

Una de las principales carencias que plantea el escrito a juicio de Clavijo es el carácter "municipalista" del borrador, haciendo especial énfasis en la disparidad que presenta la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con otras localidades de Canarias. Con esto expuesto, propone una reelaboración con diferentes criterios técnicos que garanticen que el trabajo está "bien hecho" para toda Canarias y "no solo" para Santa Cruz de Tenerife. En la misma línea se mantuvo el actual viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, que considera este listado "inconcluso" y "parcializado" por motivos políticos.

En el lado contrario de la encrucijada está la líder del proyecto, quien defiende su imparcialidad respaldándose en que "la ley de Memoria Histórica de Canarias obliga al gobierno a disponer de un catálogo único hecho estatuariamente por municipios". Navarro continúa señalando que el presidente del Gobierno de Canarias "está obligado a concretar en qué sentido está mal hecho el documento", y apunta a la situación como "un problema de dignidad de las instituciones" que ajusticia a "un trabajo cabal hecho con esfuerzo por profesionales". "Un presidente del Gobierno de Canarias no debería de mentir", esgrime la catedrática.

Algunos de los criterios empleados para registrar los vestigios de la dictadura de Francisco Franco son aquellas que se refieren a esculturas, objetos, escudos, inscripciones y lápidas, donde se encasilla el escudo con águila franquista que preside la entrada de la Base Naval. Por otro lado, las denominaciones de calles, espacios urbanos y otros, en las que la catedrática afirma que son especialmente abundantes en Las Palmas de Gran Canaria. También se incluyen un apartado de denominaciones de equipamientos y entidades públicas y otro destinado a los honores y distinciones otorgadas por diferentes ayuntamientos, tales como el nombramiento del general Juan José Orozco Massieu proclamado hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria.

Calle Calvo Sotelo, en Vegueta

Calle Calvo Sotelo, en Vegueta / Juan Carlos Castro

El catálogo aprobado y entregado en Santa Cruz de Tenerife fue llevado a cabo por la Universidad de La Laguna a instancias del Gobierno autonómico. Aunque en este momento la situación apunta a discrepancias con el Ejecutivo, la líder del equipo investigador reconoce que el proyecto "está sujeto por ellos", se trate del color político que sea. "De alguna forma estamos colaborando", reconoce.

Sobre la reestructuración del catálogo de Santa Cruz de Tenerife ya entregado y aprobado, los autores del documento explican que continúan trabajando en la tercera fase del proyecto. "Esta etapa corresponde al trabajo realizado en 80 municipios del resto de Canarias y está en fase final", y Navarro afirma que dado su carácter de interés público, el documento "debe estar disponible para quien lo solicite", y continúa con "que se utilice para lo que fue creado es una cuestión que recae en decisiones políticas".

Resultados registrados en el borrador

Navarro explica que "el municipio de Santa Cruz de Tenerife es el que mayor cantidad de vestigios cuenta", según los últimos datos del borrador en fase segunda facilitado a LA PROVINCIA/DLP. Las Palmas de Gran Canaria seguiría con un total de 72 vestigios registrados, seguida por Santa Cruz de La Palma con 13 y Puerto del Rosario (Fuerteventura) con 11, en igualdad Valverde (El Hierro) y Arrecife (Lanzarote) con nueve, como novedad se incluye a La Graciosa con cuatro registros y, por último, San Sebastián de La Gomera que aún conserva tres, los cuales se suman a los 79 habidos en Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria la gran mayoría de los vestigios se remiten principalmente al callejero de la ciudad. Sin embargo, Santa Cruz de Tenerife comporta un escenario diferente, con más estatuas homenaje al franquismo. Para lograr resarcir a los familiares de las víctimas y preservar la memoria democrática, "el Ayuntamiento santacrucero mantiene todavía un peso enorme sobre sus espaldas", concluye.

Paralizado por la justicia

El catálogo de vestigios franquistas en Canarias, concretamente en su apartado de primera fase que se refería al estudio de la situación en Santa Cruz de Tenerife, ha sido objeto de cuatro denuncias. En total, una interpuesta por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña y otras tres de diferentes asociaciones que recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que acordó la suspensión cautelar del catálogo. Lo que empezó como una cuestión de falta de formalidad en el documento ha derivado en la derogación del listado, algo que ha llevado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a declarar que "fundamentalmente hablan de criterios formales ya resueltos y que en ningún caso dicen que se derogue". | D.M.