Miserias humanas donde caen las caretas del mundo planero

El clientelismo político siempre ha sido una de las grandes plagas de la sociedad, pero esta vez la película es obscena. Los 27 allanamientos realizados tras una denuncia del Ministerio de Seguridad dejaron a cielo abierto una supuesta maquinaria de recaudación montada con plata y comida para los más pobres, algo que viene funcionando a la vista de todos hace más de 20 años. Las organizaciones acusadas por ahora no dieron explicaciones, pero la fábrica de rehenes más vil que se conozca, ya tiene cara de corrupción. Y ahora lo que se espera es que los responsables paguen por ello y vayan presos.

Eduardo Belliboni, líder de la organización Polo Obrero, es uno de los más comprometidos en la investigación.

Por lo que se sabe, la denuncia tuvo un trámite sigiloso de más de cuatro meses en la Justicia pero en la mañana del lunes se pusieron en marcha múltiples allanamientos para dar con decenas de dirigentes piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales al punto de llegar a un sistema de esclavitud, porque hasta les hacían limpiar sus casas como si fueran sirvientes. La causa se había iniciado a fines de diciembre en el fuero federal, a raíz de una presentación del Ministerio de Seguridad, en base a los testimonios obtenidos en la línea telefónica gratuita 134, que había sido habilitada por el Gobierno para quienes se sintieran víctimas de presiones indebidas por parte de las organizaciones que administraban las políticas de asistencia. Este contacto desde su inauguración recibió 130 mil llamados. Por allí se tomó nota de cientos de relatos escalofriantes sobre múltiples abusos sobre desocupados, pobres y necesitados, la mayoría mujeres. 

A partir de las denuncias y de la investigación que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita, se pudo reconstruir una matriz montada con los recursos de planes sociales y alimentarios. Estamos hablando de plata y comida distribuida por el Estado para los más pobres.

Las órdenes de allanamientos recayeron sobre dirigentes y militantes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), de Barrios de Pie y de otras organizaciones menores que vienen negociando, con mayor o menor nivel de confrontación, con los últimos gobiernos, independientemente de su signo. De todos, los más complicados son dos personas de confianza del reconocido activista Eduardo Belliboni; y una mujer que integra las filas del FOL, a quien le encontraron en su casa de Parque Patricios 54.448 dólares en efectivo, 478 mil pesos, un teléfono celular y un boleto de compraventa de una propiedad, cuyo contenido no trascendió. El monto total supera largamente los 55 millones de pesos, de acuerdo a la cotización libre de la moneda estadounidense.

Otro de los procedimientos se realizó en un domicilio ubicado en el límite entre los barrios porteños de Parque Patricios y Pompeya. En el inmueble del Polo Obrero, se hallaron 16.425 dólares en efectivo, 6.882.589 pesos, cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, un disco rígido y cuatro pendrives. En este caso, el monto total del dinero secuestrado supera los 22 millones de pesos.

La Justicia ahora tendrá que determinar si ese dinero pudo haberse originado en las prácticas ilegales que se investigan. Es que la principal hipótesis que analizan Pollicita y los investigadores que reportan al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, es que las organizaciones piqueteras montaron una maquinaria que se retroalimentaba con recursos de planes sociales y alimentos que recibían de los diversos gobiernos y que nadie controlaba. 

La metodología consistía en exigir coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de dar de baja el plan. En la denuncia que hizo el Ministerio se presentaron un total de 924 casos.

El Polo Obrero era el que más tenía asentado esta forma de actuación y en menor medida era Barrios de Pie. A los que no cumplían lo que les decían que los bajaban y los podían mandar hasta a lista de espera, con lo cual la persona no cobraba, perdía el plan y tenía que esperar para volver. Tenía que hacer méritos para que se lo vuelvan a dar. 

La justicia cree que estos grupos con actitudes mafiosas manejaban unos 700 millones de pesos por mes  con absoluta impunidad y sin la vigilancia de ningún organismo público.

Fuentes judiciales explicaron que funcionaba una suerte de escalafón, donde el referente era el líder principal y era el que iba organizando para abajo. El Polo Obrero era el que más tenía asentado esta forma de actuación y en menor medida era Barrios de Pie. A los que no cumplían lo que les decían, los bajaban y los podían mandar hasta a lista de espera, con lo cual la persona no cobraba, perdía el plan y tenía que esperar para volver. Tenía que hacer méritos para que se lo vuelvan a dar. Pero lo grave es que a la gente le cobraban para mantener y para darle comida”, reveló uno de los funcionarios que trabajó en la investigación del caso.

LA EXTORSIÓN TIENE CONSECUENCIAS

Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas.
Todo esto es información que… pic.twitter.com/4uxO5Yv8x8

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 13, 2024

En otro tramo del expediente, la fiscalía concluye en que se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones”, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su acción mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una “marcha” de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos turnos médicos, trámites, etc, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados, según cada “incumplimiento”, entre otros mecanismos.

Por todo lo expuesto, la ley dice que estos delitos se encuentran tipificados como amenazas coactivas y extorsión. Están previstos en el artículo 149 bis, segundo párrafo y 168 del Código Penal, pero lucrar con los pobres no tiene perdón de Dios.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".