Entidades sociales y de salud mental denuncian la "escandalosa" desatención a una víctima de violencia en Rubí

La denuncia de Paloma a EL PERIODICO, en la que revela cómo fue sometida durante siete años a un maltrato esclavizante por parte de su familia y que no lograba que los servicios sociales la creyeran porque sufre un trastorno mental, no es una excepción. Las entidades de salud mental, las abogadas, las fundaciones de apoyo social sin ánimo de lucro coinciden en que, por desgracia, se trata de un caso más, gravísimo, en el que la mirada de quien ha de atender a la víctima se ve distorsionada por la discapacidad de esta. Ven a una persona con un trastorno y dudan de su versión. El Ayuntamiento de Rubí se ha negado a aceptar una entrevista para este reportaje y ha emitido un comunicado negando cualquier tipo de error interno, pese al cúmulo de situaciones que denuncian las organizaciones sociales.

"El caso de Paloma es muy aberrante y muy grave, fallaron todos los sistema de protección"

Laura Pliego

— Salut Mental Catalunya

Laura Pliego, de Salut Mental Catalunya, recuerda que ya atendieron a Paloma en 2021, en el marco del programa de asesoramiento y orientación del plan Activa't, de SMC. Antes Paloma ya había acudido sin éxito al ayuntamiento y había contactado con Càritas de Terrassa. Tenía además problemas burocráticos porque había vivido en Madrid. Pliego ya detecta entonces claramente que su relato es coherente, por mucho que sufra un trastorno mental: "Independientemente del diagnóstico que tenga, es plenamente consciente de la situación de vulneración de derechos que sufre y el peligro para su integridad física". "Las administraciones no estaban atendiendo su situación", añade.

Primera respuesta: no creerla

Así pues, no solo fue Paloma personalmente, sino SMC quien alertó al ayuntamiento: "Contacté con el servicio de atención a la diversidad. Puse en su conocimiento que vivía una situación de violencia que no se podía permitir y pedí ponernos a trabajar de forma conjunta para coordinarnos con servicios sociales, que es quien tiene que atender la situación. Es una situación de violencia. Hay un derecho que protege a las personas en situación de vulnerabilidad".

¿Cuál fue la respuesta? "Servicios sociales insistían en explorar el problema de salud mental y en vincularla al servicio de rehabilitación, era una mirada basada en 'vamos a ver si esto que explica es verdad o no, era deslegitimar que es una víctima de violencia. La coordinación con los servicios sociales además fue muy compleja, fue hostil por la deslegitimiación del relato de la mujer, y dijeron que debían contar con el hermano", detalla Pliego.

Dos informes, dos versiones

Además, el servicio de atención a la mujer (SIAD) se desmarcó porque no era violencia machista sino intrafamiliar. Existe un informe del 14 de diciembre de 2022 de este servicio del ayuntamiento que, tras estudiar el caso, concluye literalmente que "se valora la finalización de la intervención por parte del SIAD porque el caso no es un caso de violencia machista y no entra dentro de la competencia del servicio". Y nada se hizo respecto a la violencia que se estaba denunciado una y otra vez. Curiosamente, ese mismo mes, servicios sociales envía al juez otro informe que sí admitió finalmente los “riesgos y vulnerabilidad” que representaba para Paloma la convivencia con la familia.

De esta primera intervención existen correos electrónicos cruzados. SMC dispone de un informe detallado con todas las gestiones llevadas a cabo y las respuestas. No se trata solo de una petición verbal de las entidades y de Paloma. "Es un escándalo, una negligencia administrativa, me sentía impotente, enfadada, decepcionada con la respuesta de la Administración", denuncia Pliego.

Interviene la abogada, que reitera la denuncia

Ante la falta de avances, SMC contacta con la abogada Judith Franco, del Col·lectiu Ronda, que tiene un convenio con esta federación de entidades. Franco interviene ya por correo en marzo o abril de 2022. Y para su sorpresa tras el verano todo sigue igual. Paloma ya había denunciado en el juzgado.

La abogada es la que da un golpe sobre la mesa cuando los servicios sociales proponen una reunión de Paloma con su hermano y presunto maltratador: "Yo dije 'basta' y hablé con servicios sociales y le dije: 'soy la abogada de Paloma, no entiendo nada de lo que estáis haciendo, al hermano no lo podéis hacer partícipe de su salida del domicilio, vuestra actuación podría ser tributaria de responsabilidad patrimonial si quedara probada una mala actuación de servicios sociales, y ella no irá a la reunión que habéis programado con su hermano. O la separáis de su hermano o emprendemos acciones legales".

A partir de ahí, relata la abogada, los servicios sociales cambian el tono. "No es que hagan nada, pero dejan de establecer el vínculo con el hermano", añade Franco.

Las oenegés toman la iniciativa ante la jueza

"Cuando se tiene conocimiento de la existencia de un maltrato, existe la obligación legal de ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Este es el primer error, porque el ayuntamiento puede promover un expediente de medidas en el juzgado, de medidas de apoyo para una persona que necesita ayuda para ejercer sus capacidades. El procedimiento de medidas lo inició Franco con Paloma y con la entrada de la Fundació Luís Artigues, entidad sin ánimo de lucro del área Drets i Suport del Grupo Pere Claver.

Tienen la obligación legal de ponerlo en conocimiento de la fiscalía

Judith Franco

— Abogada del Col·lectiu Ronda

"No se la escuchó, por su discapacidad"

Luis Varea, coordinador del Área Social de la entidad Pere Claver Drets i Suports, fue quien de la mano de la abogada se arremangó, desde un primer contacto el 10 de noviembre, para facilitar la ayuda legal a Paloma a través del juzgado. Pero sobre todo fue la persona que acompañó a Paloma ante los servicios sociales para reiterar por enésima ocasión la denuncia de violencia. Entonces sí la escucharon.

"Ese es el problema -describe Varea, que gestiona casos similares a diario-, que es en el momento en el que se presenta un tercero, acompañando a la persona con discapacidad, cuando se desencadenan los apoyos que la persona no ha tenido. Esto es lo que me parece grave. No se escuchó a una persona probablemente por ser una persona con discapacidad", describe.

No estamos acostumbrados a escuchar

Varea no señala de forma acusatoria a las profesionales del servicio concreto de Rubí porque la situación, lamenta, es tan grave como generalizada: "La clave es actuar a partir de los deseos y preferencias de la persona, y esto es lo que no se estaba respetando. En general, los servicios sociales, sanitarios, asociativos, no están acostumbrados a escuchar a las personas con discapacidad. Hasta ahora, en mi opinión personal, son ciudadanos de segunda, porque cuando entras a un médico con una persona con discapacidad a tu lado, no se dirigen a ella sino a la persona que la acompaña; esto es lo que pasó a las personas que atendieron a Paloma en servicios sociales, cuando tenía el problema e iba a las entrevistas; servicios sociales esperaban a alguien al lado que diera veracidad porque ante el relato de la persona con discapacidad piensan '¿y si no es verdad?'". Varea subraya el cambio legal existente por el cual las personas con discapacidad tienen derechos.

No se escuchó a una persona probablemente por ser una persona con discapacidad

Luis Varea

— coordinador del área social de la Fundació Lluís Artigues

Lluís Artigues es una de las entidades, sin ánimo de lucro, que ejercen la figura legal de la asistencia, otorgada con cierta urgencia, esta vez sí, por un juez (una jueza en este caso) a petición de la persona que requiere de apoyo para ejercer sus derechos. A partir de ahí, la Fundación ha ayudado a Paloma a ejercer sus derechos proporcionando apoyos en el entorno habitual de la persona, pero sin decidir por ella, para que ejerza una vida autónoma. Y ayudándola en su nuevo hogar. "El problema es que los recursos disponibles son escasos", se lamenta Varea. "La tarea pendiente con Paloma es encontrar un lugar donde generar un vínculo emocional y relaciones interpersonales que sean satisfactorias para ella", añade.

Una conclusión dramática: no es un caso aislado

"Las mujeres psiquiatrizadas viven violencia de forma sistematizada, el caso de Paloma es muy aberrante y muy grave, fallaron todos los sistema de protección, porque independientemente de su salud mental, el relato de la violencia es legítimo y se tiene que escuchar y atender, el acceso a la información y a los dispositivos ha de ser horizontal para toda la ciudadanía", exige Pliego, de SMC. "Por desgracia el caso de esta mujer no es el único, hay violencias de todos los tipos que te puedas imaginar".

Franco añade: "Los organismos tienen una dificultad importante para entender la problemática mental cuando hay violencia de género. No conocen las obligaciones legales que tienen, les cuesta dar el paso adelante y activar el protocolo ante una persona que es vulnerable; tienen que ser ellas, solas, las que intenten salir, y Paloma lo ha podido hacer porque se ha buscado la vida y no ha parado, pero otras siguen encerradas. Paloma no es el primer caso que tengo".