Mirtha “N” queda fuera de la mira en el tema del cártel inmobiliario, pues una entrevista exclusiva de Aristegui Noticias con el empresario inmobiliario Eduardo Valencia ha sacado a la luz posibles casos de corrupción vinculados al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Se señala el uso de juicios exprés para despojar de terrenos a particulares bajo la fachada de medidas anticorrupción.
En una reciente entrevista con Aristegui Noticias, el empresario Eduardo Valencia ha expuesto lo que parece ser una preocupante situación en Nayarit, donde se señala la existencia de un presunto cártel inmobiliario respaldado por el mismo poder estatal. Este grupo, según Valencia, estaría utilizando el sistema legal para despojar de terrenos a ciudadanos bajo la apariencia de operativos anti-corrupción.
“A través del estado mexicano, de sus instituciones, del poder judicial de Nayarit y de la Fiscalía de Nayarit, se permite el despojo de inmuebles, particularmente a empresarios tapatíos que vamos a invertir en Nayarit. En este momento, está en curso el tema del ‘megaoperativo Nuevo Nayarit’, impulsado por el gobernador Navarro, y se trata de lo mismo: no respetar el régimen extraordinario de la propiedad privada y observar cómo se sustraen propiedades, tal como lo hizo en su momento [Edgar] Veytia“, señaló Valencia.
Valencia detalló que varios conocidos suyos han sido víctimas de esta presunta operación, la cual se ampararía en investigaciones relacionadas con el denominado ‘megaoperativo Nuevo Nayarit’. Bajo este pretexto, propiedades estarían siendo confiscadas por la Fiscalía para luego ser despojadas en juicios de primera instancia exprés, con argumentos de adquisiciones irregulares.
El megaoperativo, que comenzó en marzo de 2022 bajo el liderazgo de Navarro Quintero, tenía como objetivo recuperar propiedades otorgadas de manera irregular por administraciones previas, con especial énfasis en el periodo del exgobernador Ney González Sánchez.
Según la última información proporcionada por el gobierno del estado en octubre del año pasado, se recuperaron 37 edificios, 28 de ellos en Nuevo Nayarit, así como 40 lotes con un valor de casi 4 mil 707 millones de pesos. Sin embargo, los resultados hasta la fecha no han sido los esperados, con la mayoría de los bienes devueltos a sus propietarios tras batallas legales contra el aparato estatal. Aproximadamente 80 familias lograron ganarle a la Fiscalía y al Fideicomiso de Bahía de Banderas.
Una medida controvertida asociada con este asunto es la reforma es la reciente modificación a la Ley del Registro Público de la Propiedad impulsada por el gobernador, la cual restringe el acceso público a la información, limitándolo solo a propietarios o aquellos con interés jurídico justificado, como poseedores de contratos de compra-venta.
Valencia ha criticado duramente esta situación, señalando cómo un simple pagaré con firma falsa puede ser utilizado para iniciar acciones legales, resultando en la pérdida de interés jurídico sobre una propiedad y el bloqueo del acceso al registro público.
A pesar de los supuestos esfuerzos por combatir la corrupción, el gobernador Navarro Quintero ha sido objeto de cuestionamientos. Encuestas de México Elige y Demoscopia Digital lo sitúan como uno de los peores gobernadores del país. Las acusaciones del empresario inmobiliario, junto con su baja aprobación entre los nayaritas y la polémica decisión de eliminar el acceso público a la información del Registro Público de la Propiedad, sin una justificación clara, ponen en duda las verdaderas intenciones del mandatario, a quien perfilan como nuevo líder del cártel inmobiliario en Nayarit.
