La inseguridad, el último embate de Xóchitl

El 14 de mayo fue detenida en la región de Delicias, Liliana Judith S. M., de 30 años de edad. Le fue ejecutada una orden de aprehensión por la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas del Gobierno estatal de Chihuahua por petición original del Buró Federal de Investigaciones, FBI.

Fue detenida el 14 a la una y media de la tarde “en un domicilio” de la colonia Benito Juárez, en Delicias, y solo un día después fue entregada directo al FBI en el puente internacional Lerdo-Stanton. No hubo las enfadosas tramitologías que impiden ese tipo de maniobras ipso facto.

Debe ser la joven mujer una pieza importante en el crimen organizado que operaba desde la región de Delicias a los Estados Unidos; es acusada por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.

La historia de la mujer es trágica en ese sentido, su padre, Manuel S. L., fue ejecutado en aquella región el 11 de diciembre del 2009. Un año más tarde fue ultimado en las mismas condiciones un hermano de ella, Edgar S.

Las autoridades locales no enfrentan a la burocracia diplomática en este y otros casos porque se trata de ciudadanos americanos, aunque radiquen en Chihuahua. Este de Judith es uno de ellos, fue entregada a las autoridades de “su país” y punto.

Lo mismo ha ocurrido en los últimos meses, y años, con la propia Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Ha entregado a corporaciones estadunidenses al menos a media docena de presumibles delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha hecho una aportación.

Evidentemente se trata, en la mayoría de los casos, de generadores de violencia integrantes de la delincuencia organizada, un aspecto que tiene prácticamente en el abandono el actual régimen federal.

Hasta lo indecible se resistió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para entregar a Ovidio Guzmán, el célebre hijo de “El Chapo” Guzmán Loera, actor principal del también mundialmente famoso “culiacanazo”, cuando el Cártel de Sinaloa demostró lo que afirman infinidad de narco corridos, que Sinaloa es suyo.

Esa resistencia de AMLO, evidente, ha impedido también la extradición de quien fuera el mayor productor de mariguana en el mundo, el R-1, Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 y recapturado en 2022 tras la presión e inclusive persecución en territorio mexicano de la DEA.

Hablan los analistas de temor en Palacio Nacional porque de manera recurrente ha aparecido el nombre del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, involucrado en los más grandes plantíos de mariguana conocidos en la historia de la tierra, los de Búfalo, Chihuahua, pertenecientes al “narco de narcos”.

Esas plantaciones fueron “descubiertas” en 1984 cuando Bartlett era secretario de Gobernación y presidente a quien es llamado el más tibio de los presidentes de México, el priista Miguel de la Madrid Hurtado.

De la Madrid era apocado, pero no Bartlett, ni tampoco el entonces Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Juan Arévalo Gardoqui. Eran poder tras el trono; por lo tanto, obvio su conocimiento sobre los infinitos bosques de mariguana que empleaban a miles de jornaleros en la región de Jiménez, Valle de Allende y Parral.

Fue destruida la yerba no por iniciativa del gobierno mexicano sino por la presión del gobierno estadunidense, que responsabilizaba, y sigue responsabilizando, a Caro por el asesinato de un agente de la DEA, Enrique “Quiqui” Camarena.

El policía jalaba los hilos de aquella investigación hasta dar justo con Caro y su entonces cártel, de Guadalajara. Fue detenido en Costa Rica en 1985

No es una historia que ya pasó, es un caso vigente en las cortes americanas... y mexicanas. Es un asunto que ha permanecido caliente casi por 40 años. En aquel tiempo López Obrador todavía era ferviente priista.

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Es el tema de la seguridad y la violencia que mantienen a México de cabeza los que acapararán este domingo al tercero y último debate presidencial de cara a la jornada del 2 de junio.

Por omisiones y/o complicidad, o ambas, ha resultado estadísticamente peor el régimen de la Cuarta Transformación que el de Felipe Calderón y su temeraria guerra contra el narco, o en favor de un bando del narco.

Tuvo el político blanquiazul el objetivo “idealista” de enfrentar al crimen organizado, pero los operadores responsables de hacerlo, los García Luna y encumbrados jefes del Ejército, se cargaron hacia uno de los grandes cárteles, precisamente el de Sinaloa, y desataron el cataclismo nacional entre todos los grupos. Ciudad Juárez fue casi borrado del mapa. Hubo matanzas y afectaciones graves al comercio, por robos, asaltos, extorsiones y secuestros.

Hoy López Obrador ha preferido los abrazos, no los balazos, como política contraria a la de Calderón, pero con repercusiones mayormente funestas.

Es casi invisible la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en la persecución de la delincuencia organizada, responsable del 99 por ciento de los asesinatos en el país, más de 173 mil hasta marzo de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo Federal.

Con Felipe Calderón fueron registrados más de 120 mil; esto es, arriba de 50 mil menos hasta lo que va de la administración de Morena.

Es el tema que estaba esperando Xóchitl Gálvez para restregarlo en el debate de hoy a la abanderada de Morena-PT-PV, Claudia Sheinbaum.

Las masacres se suceden una tras otra, o varias al mismo tiempo, igual por Ciudad Juárez, que por la capital Chihuahua, otros muchos lugares del estado; Sinaloa, Sonora, las Bajas, Durango, Coahuila, Zacatecas, Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero... Chiapas.

Evidentemente ni ese tema, tampoco la falta de medicamentos, han incomodado al presidente que disfruta su calificación promedio de 5.5, y hasta el 6 en la medición del 15 de mayo. Con eso tiene para ver por encima del hombro a quienes le señalan la mortandad.

No lo inquieta la carnicería ocasionada por las balas porque, además, en las encuestas de Palacio su candidata Sheinbaum no lleva 20 puntos porcentuales arriba sino 40 y hasta 45 por ciento. Mitofsky se ha volado la barda entregando números no alegres, eufóricos.

Ni por muy peor que le fuera en el debate, afectarían a esa ventaja, respaldada por el voto duro conseguido de los programas sociales más que por la seguridad o servicios médicos; por el sembrando vidas, jóvenes construyendo el futuro, adulto mayor, cuya inversión ha dejado en kínder a los antiguos compradores de votos, los priistas.

Con sus otros datos de una competencia considerablemente más cerrada, Xóchitl y su equipo han decidido tirarse a matar con ese tema hoy. Si es cierto que la diferencia es menor a los dos dígitos, han concluido que el resultado del debate será vital para aplicar el caballo que alcanza gana.

Tienen entre su arsenal informativo que la primera causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 24 años, hoy es la violencia. Están entre los 173 mil asesinatos.

Aseguran que hay un aumento de 51% en la categoría general de víctimas de delitos contra la libertad personal, pasaron de 22 mil 853 a 34 mil 561 víctimas.

En los delitos contra la libertad personal, mientras en 2018 se registraron 584 víctimas de trata de personas, en 2023 la cifra se ubicó en 934. El aumento es de 59%.

La extorsión en el 2018 afectó a seis mil 895 víctimas, (que denunciaron); en 2023 fueron 10 mil 975.

Así por el estilo en todo el catálogo delictivo y prácticamente por todo el país será expuesto el panorama sombrío que sufre México bajo el régimen de la 4T; con una agravante peor todavía, el secuestro de la democracia por parte de los grupos delictivos que o amenazan o matan a candidatos por todo el territorio azteca.

Sheinbaum sin duda seguirá atacando el tema con Calderón como punto de referencia y a los estados violentos manejados por el PRIAN aunque las categorías de gobierno son muy claras, la responsabilidad federal es única y literalmente no compartida en lo sustancial con las entidades.

La aprehensión en Chihuahua de Liliana Judith S., tema con el que arrancamos la entrega de esta columna, es un ejemplo menor que ilustra lo que ocurre en toda la República, la criminalidad anda desbocada arrasando vidas y pueblos porque al gobierno federal no le ha interesado poner orden, o por indolencia, o por complicidad.

Esa es la artillería de Gálvez hoy contra Sheinbaum.