Mónica García inicia los trámites de la ley que pondrá coto al «lucro» de la sanidad privada
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Mónica García inicia los trámites de la ley que pondrá coto al «lucro» de la sanidad privada

La ministra anuncia que su departamento ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS

Mónica García inicia los trámites de la ley que pondrá coto al «lucro» de la sanidad privada

Mónica García, ministra de Sanidad. | EP.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende «poner coto» a los «usos indecentes» del Sistema Nacional de Salud (SNS).

«Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de ‘La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'», ha expresado, en declaraciones en los medios que han tenido lugar en el marco del ‘I Foro de Salud Pública. Una salud a futuro’, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud.

Evitar que la sanidad se «venda» al «peor postor»

Así, ha reiterado que, desde el Ministerio de Sanidad, están «firmemente comprometidos» con evitar que la sanidad se «venda» siempre al «peor postor». «La evidencia científica ya nos ha demostrado que no han salido mejoras en la salud de la población con esas fórmulas de gestión, sino todo lo contrario, lo que ha salido han sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas, que han ido detrayendo el presupuesto de nuestro SNS», ha agregado.

Para García, esta ley supone «un freno» a todas las noticias sobre «comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos» que se han visto «en los últimos años». «Nosotros queremos que cada euro de los impuestos de los españoles vaya destinado a la salud, al artículo 43 de la Constitución. El esfuerzo de los españoles, a través de sus impuestos, queremos que se vea materializado en que realmente somos capaces de garantizar la protección a la salud y no garantizar las cuentas de resultados de las empresas privadas», ha recalcado.

La respuesta de IDIS

Por su parte, desde Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) se mantienen «expectantes» a la espera de conocer en qué se materializa el propio Proyecto de Ley. En un comunicado, han señalado que estarían de acuerdo en la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público «que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes».

Con respecto a los objetivos de la norma, en cuanto a la «limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro» y a la «facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de los servicios sanitarios públicos», establecen que, según el Observatorio de la sanidad privada 2024, presentado recientemente por la Fundación IDIS, el 40% de los recursos sanitarios en nuestro país son privados y los colaboran asiduamente con el SNS, bien perteneciendo al mismo a través de los convenios singulares, bien a través de los diferentes conciertos con los centros que no están dentro del SNS.

Además, recuerdan, según el Catálogo Nacional de Hospitales (CNH), de todos los hospitales privados, solo un testimonial 5% corresponde a hospitales sin ánimo de lucro (benéficos), «por lo que la limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del SNS, que ya soportan en el momento actual listas de espera obscenas».

Finalmente, en relación con el cuarto objetivo de la consulta pública previa, que aboga por alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad, más allá de renovar las bases de la colaboración público-privada, la Fundación IDIS entiende que «lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia para cumplir con los objetivos de la salud española».

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