Dos medidas de peso tomó ayer el juez federal Sebastián Casanello en la causa por extorsión piquetera contra beneficiarios de planes sociales: les prohibió salir del país y acercarse a los comedores a los 28 imputados -que siguen libres-, y aceptó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, como querellante en la causa.
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Dos medidas de peso tomó ayer el juez federal Sebastián Casanello en la causa por extorsión piquetera contra beneficiarios de planes sociales: les prohibió salir del país y acercarse a los comedores a los 28 imputados -que siguen libres-, y aceptó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, como querellante en la causa.
El expediente por extorsión y defraudación al Estado se mantiene en secreto. Pero a partir de ayer, Capital Humano podrá no solo acceder a él, sino que podrá sugerir medidas de prueba.
Era lo que el Gobierno venía pidiendo desde la semana pasada tras los casi treinta allanamientos que dispuso el magistrado. Primero había solicitado ser querellante el Ministerio de Seguridad, que había recibido las denuncias de los titulares de planes, pero el pedido fue rechazado. Luego se presentó el Ministerio de Capital Humano pidiendo ser parte ya que los fondos malversados salieron de su ámbito. Esto habría terminado de convencer al magistrado.
"Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimado para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis", había señalado Leila Gianni, subsecretaria Legal del área de Pettovello, cuando solicitó ser tenida como parte querellante en la causa penal.
Capital Humano indicó que "un rechazo a la pretensión de este Ministerio a ser parte querellante resultaría no sólo contradictorio con lo ya resuelto en autos, sino un gravamen para el Estado Nacional al no poder formar parte del presente proceso".
Condiciones de libertad
Ayer, Casanello también firmó la exención de prisión a los 28 imputados. Son integrantes de movimientos piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, en su mayoría del Potenciar Trabajo. Entre los apuntados se encuentran integrantes del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria.
No obstante, la resolución tuvo en cuenta el criterio de la fiscalía que solicitó una serie de restricciones: comparecencia ante el Juzgado, la prohibición de salida del país así como la de acercarse a los comedores y domicilios de las cooperativas investigadas.
Los dirigentes sociales investigados por extorsión, coacción y administración fraudulenta son: Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iraman, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo "Toto" Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.