Mayo 16/24 La intención del gobierno de imponer rector en la U. Nacional de Colombia es una abierta violación de la autonomía universitaria y si las otras IES y el sistema no quieren naufragar y perder su preciada independencia, las asociaciones no pueden quedarse en medias tintas y tienen que hablar.
No importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, cualquier intento de éste de imponer un rector, desconocer las normas, acomodar los procedimientos o variar la decisión de los consejos superiores, por sobre las normas internamente definidas por cada IES, constituye una abierta intromisión en la autonomía universitaria.
En muchos países el gobierno de las universidades públicas no tiene presencia de representantes del Ejecutivo y en la Universidad Nacional de Colombia éste tiene 3 de las 8 plazas del Consejo Superior Universitario. Más que suficiente (demasiados, consideran algunos) para representar uno a de los diversos estamentos de la institución.
Pretender hacer las maniobras necesarias para burlar el espíritu meritocrático y las reglas de juego (desconocer la decisión en la que el propio Ministerio de Educación y las delegadas del presidente participaron, recurrir a leguleyadas para no firmar un acta, nombrar como ad hoc a un ministro que abiertamente tomó posición en el tema y no es imparcial y ordenar al Consejo Superior desconocer su propia decisión al designar a José Ismael Peña Reyes), constituyen una de las más graves afrentas que la universidad colombiana haya recibido, en su autonomía, en las últimas décadas.
Independientemente del cariño o rechazo que genere la Universidad Nacional de Colombia en el sector, o del gusto o no por la hoja de vida, experiencia y forma como Peña Reyes fue designado, desconocer el proceso democrático (de elegir 5 finalistas entre 10 aspirantes por parte de la consulta estamentaria) y meritocrática (elegir el que la mayoría del Consejo Superior consideró como el mejor) según las reglas de juego previamente acordadas, y aceptadas, por todos los intervinientes en el proceso, constituye un paso hacia una imposición dictatorial.
Por ello, hay tres actores fundamentales en el sistema de educación superior que no pueden “pasar de agache” con su silencio, frente a lo que está sucediendo: La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN; el Sistema Universitario Estatal SUE; y el Consejo Nacional de Educación Superior CESU.
De su carácter y talante para defender la autonomía universitaria depende, en gran medida, que la universidad colombiana no se constituya en una ficha política del gobernante de turno. Si se permite esto, lo que sigue puede ser, perfectamente, la censura a la opinión de académicos, la fijación desde el Ejecutivo de planes de estudio o las reformas estatutarias al capricho del Ejcutivo. Es decir, el fin de la universidad libre, deliberativa y crítica, como faro orientador del pensamiento social.
ASCUN nació, hace más de seis décadas, como respuesta a las intenciones gubernamentales de coartar la libertad de la Universidad, y desde entonces siempre ha promulgado el espíritu gremial, la defensa de sus asociados y, sobre todo, la autonomía universitaria. El pasado 8 de mayo emitió un comunicado muy político (léase tibio) al invitar a que la crisis de la Nacional “se supere dentro de los cauces de su gobierno universitario, sin injerencias de ningún tipo, de tal manera que pueda retornar a su normalidad académica y administrativa”.
Una semana después, está confirmado que el gobierno nacional sí está ejerciendo una injerencia contraria a la naturaleza de la universidad y el ordenamiento jurídico, y un enérgico rechazo de la Asociación es lo mínimo que se espera de ésta. No sólo porque, como institución, la Universidad Nacional de Colombia hace parte de su Consejo Directivo, sino porque es la IES que representa la más reconocida del país y lo que le pase a ella se convierte en un precedente de lo que podrá pasar con todas las demás.
“La misión de la Asociación Colombiana de Universidades es promover los principios de la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento y la responsabilidad social”.
Si ASCUN no se expresa con contundencia, estaría traicionando su espíritu como Asociación y no tendría razón de ser su continuidad.
El SUE representa los intereses de todas las universidades públicas del Estado, y más allá de las diferencias internas entre éstas y la Universidad Nacional de Colombia, sus 33 demás rectores deberán quedar advertidos de que lo que intenta hacer el gobierno en la Nacional podrá replicarse perfectamente en sus instituciones. De no actuar, muchos de estos rectores, amigos de la reelección, se verán en un dilema: O se arrodillan al gobierno de turno, para lograr su bendición, o tienen que volverse, cual político populista, en irresponsables promeseros más que ejecutores, para lograr el respaldo de las comunidades universitarias.
Si el SUE no se expresa con contundencia, estaría mostrando un carácter pusilánime en el que solo le importaría los recursos que recibe del Estado, así eso le lleve a perder la libertad académica y organizacional.
El CESU, por su parte tiene la responsabilidad, de ley, de asesorar al gobierno nacional sobre políticas y planes para la marcha de la Educación Superior. Allí están representados la gran mayoría (no todos) los actores de la educación superior, incluidos dos rectores de universidades públicas (entre ellos el de la Nacional de Colombia) y dos de las privadas, y fue hace unos días el que decidió que su nuevo delegado en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia fuera Víctor Manuel Moncayo (tras la finalización del periodo de Humberto Rosanía). Fue un cambio de 180 grados en la posición de esta representación en el Consejo Superior (Rosanía apoyó a Peña, y Moncayo apoya a Múnera). ¿Significa que el CESU apoya las actuaciones de Mineducación?, y si es así, ¿qué pensarán todos los demás rectores del sistema de sus rectores y electores en el CESU?.
Si el CESU no aclara su posición y defiende la preciada autonomía universitaria, significa que terminó de dejarse comprar por la ministra de Educación y su equipo (que les manejan la agenda) y que sus consejeros se volvieron en correveidiles del gobierno nacional, sacrificando el espíritu de todo lo que representan. Es decir, que el mismo Consejo está patrocinando la violación de la autonomía (su propia autonomía) universitaria.
Esto no da espera. Independientemente de cómo evolucionen los acontecimientos en las próximas horas. Los rectores tienen que superar sus temores a reunirse y a hablar abiertamente.
Que no les pase a las IES colombianas y sus representantes, la dramática situación descrita por Martin Niemöller, pastor luterano de Alemania, cuando describió lo que pasa con la indiferencia:
Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
