En una reunión de alto nivel, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, junto a la secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo, y el director del programa Word Justice Project (WJP), Alejandro González Arreola, delinearon las metas y objetivos para posicionar al estado en los primeros lugares del Índice de Estado de Derecho.
La gobernadora reconoció los desafíos heredados pero destacó el firme compromiso de su administración para avanzar y superar los obstáculos en materia de Estado de Derecho. Hizo hincapié en su histórico compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando la importancia de medir cada acción para impulsar a Quintana Roo hacia el liderazgo en este ámbito.
Enfatizó que Quintana Roo merece destacarse como un estado que contribuye significativamente a la Federación, con una economía dinámica y una población trabajadora. Mencionó la adhesión de los 11 municipios a la Declaratoria de Municipios Anticorrupción y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana como ejemplos de los esfuerzos de su gobierno.
La reunión fue un paso crucial hacia la consolidación de estrategias efectivas para fortalecer el Estado de Derecho en Quintana Roo. Se estableció la apertura de mesas de compromisos con diversas dependencias y entidades gubernamentales clave, con el objetivo de combatir la corrupción y promover el cumplimiento regulatorio.
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