Anticorrupción y la Fiscalía Europea chocan por el ‘caso Koldo’ en Canarias

La investigación de los contratos realizados por el Servicio Canario de Salud (SCS) con la empresa vinculada a la trama de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha provocado un choque entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea a la hora de interpretar si hay conductas delictivas en los acuerdos de compra de material sanitario en los primeros meses de la pandemia. Los delegados españoles del órgano judicial europeo se vieron obligados a reclamar a la Fiscalía General del Estado todos los contratos firmados con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL que contaban con financiación de fondos europeos. La documentación se remitió pero en esta relación no figuraba que se estuvieran investigando las compras realizadas en Canarias y Baleares pese a las sospechas existentes por denuncias particulares y las noticias aparecidas en prensa.

En las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Europea, los fiscales no esconden en el relato de hechos su desconcierto por el proceder de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que no incluyó a los contratos suscritos en Canarias y Baleares con la empresa vinculada a Koldo García en la querella por los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Europea entiende que las supuestas irregularidades denunciadas abarcan a todas las compras acordadas con esta empresa que se financiaron con fondos europeos y no solo a los contratos realizados con los organismos de la Administración General del Estado bajo sospecha, es decir, Adif, Puertos del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad.

Contratos sin denunciar

No solo los contratos del Servicio Canario de Salud no han sido denunciados ante la Fiscalía Europea ni la Justicia española tiene constancia de irregularidades en los mismos, sino que tanto Anticorrupción como el Juzgado dilataron varios meses la respuesta a los oficios que les remitió en reiteradas ocasiones los fiscales delegados europeos solicitando información. De esta forma desde octubre de 2023 a febrero de 2024 la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional dieron largas a las peticiones de información de la Fiscalía Europea sobre los contratos del SCS, mientras que en abril se volvió a solicitar más información sobre la instrucción al Juzgado al no figurar como investigados estos contratos ni los de Baleares, una petición que a día de hoy sigue sin concretarse.

La Fiscalía Europea hace referencia en varias ocasiones a las noticias aparecidas en prensa referidas a presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por el Servicio Canario de la Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares y que arreciaron a raíz de las detenciones practicadas por orden de la Audiencia Nacional en febrero. Estas noticias y la falta de información del Juzgado han llevado a la Fiscalía Europea a abrir un procedimiento para esclarecer si hay indicios delictivos en cuatro contratos del SCS por valor de más de 12 millones de euros y uno del Servicio de Salud de Baleares de 3,7 millones por si perjudican a los intereses financieros de la Unión Europea, que es competencia de la Fiscalía al ser adjudicaciones financiadas con fondos comunitarios.

Lo que quiere investigar el órgano judicial comunitario es si en la adjudicación y ejecución de los contratos para la compra de material sanitario hay malversación de fondos públicos. «Ninguna duda ofrece que el delito de malversación, cuando afecte a fondos europeos será competencia de la Fiscalía Europea conforme a los arts. 22.1 del Reglamento y 4 LO 9/2021. Y en el presente caso los contratos investigados adjudicados por la Administración balear y canaria han sido financiados en un 100% con fondos europeos y, por tanto, compromete el gasto del Presupuesto de la Unión», recoge el procedimiento abierto por los fiscales europeos.

Indicios delictivos

La Fiscalía Europea entiende que también tiene competencia para investigar si hay indicios de prevaricación y de tráfico de influencias en los contratos de Canarias y Baleares. Según establece el reglamento regulador de la fiscalía, ésta puede extender su competencia a los delitos vinculados a la malversación si está sancionada con mayor pena que otros delitos. La Fiscalía Europea advierte que tanto la prevaricación como el tráfico de influencias están castigados con penas menores que la malversación de caudales públicos, por lo que puede investigarlos «evitando una división artificial de la causa y un perjuicio para los derechos de los investigados». Por lo tanto la indivisibilidad es esencial ya que «los delitos investigados tienen su origen y su razón de ser en una pluralidad de contratos adjudicados a la misma empresa, celebrados en un breve periodo de tiempo y que son cometidos por los mismos sujetos activos desarrollando cada uno de ellos distintas funciones».

La Fiscalía Europea da suficiente validez a las noticias publicadas en la prensa sobre el caso Koldo en Canarias y Baleares para incoar el procedimiento de investigación sobre los contratos adjudicados por las administraciones de los dos archipiélagos a la empresa vinculada al exasesor de Ábalos. Esta certeza de la Fiscalía Europea, ante el silencio de la Justicia española, contrasta con la posición de la Fiscalía española en relación a las denuncias contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rechazar que las noticias de prensa sean pruebas suficientes para interponer una demanda.