Jefe de prisiones de Arizona: Medida que impacta a migrantes le costará millones al Estado
Mary Jo PitzlPodría costarle al sistema penitenciario del estado casi $252 millones en cinco años encarcelar a adultos bajo los términos de una ley propuesta que ha reavivado el debate sobre si Arizona tiene el derecho de controlar su frontera con México.
La propuesta, que se espera que los senadores estatales voten el martes, requeriría que el Departamento Correccional, Rehabilitación y Reingreso de Arizona encarcele a cualquier persona arrestada bajo sospecha de ingresar ilegalmente a Arizona, sea culpable o no. Esa es una de las muchas disposiciones de la Resolución Concurrente 2060 de la Cámara de Representantes, o HCR 2060, que los legisladores republicanos quieren incluir en la boleta electoral de noviembre.
El director de la agencia, Ryan Thornell, estima que la medida podría agregar 1,500 personas cada año al ya tenso sistema penitenciario del estado, sin opción de rechazarlas.
"Parece como si los condados tuvieran alguna opción, tengan capacidad o no", dijo Thornell el lunes sobre la resolución. "Entonces, nos convertimos en el requisito. Si una cárcel de condado indica que no pueden aceptar a alguien, la nueva enmienda indica que el director y el departamento 'deberán'".
La obligación no sólo agregaría millones al gasto penitenciario del estado, sino que corre el riesgo de entrar en conflicto con una orden judicial federal relacionada con el manejo estatal de la atención médica de los reclusos, dijo Thornell. El Estado está obligado a cumplir con ciertos requisitos de atención médica y "condiciones de confinamiento", que se suman a más costos operativos y de personal, dijo.
El costo adicional potencial se produce cuando la agencia busca $74 millones adicionales este año y un aumento de aproximadamente $203 millones en el presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Arizona enfrenta un déficit de $1.3 mil millones, dividido casi en partes iguales entre el año actual y el próximo ejercicio presupuestario.
Republicanos creen que la ley disuadiría los cruces ilegales
El presidente del Senado, Warren Petersen, republicano por Gilbert, desestimó las cifras como una táctica de miedo por parte de la administración de la gobernadora demócrata Katie Hobbs. Hobbs se opone a la medida, que es una reactivación reconfigurada de un proyecto de ley que ella vetó a principios de este año. Al someter los mandatos fronterizos a una votación, los legisladores pueden eludir al gobernador y llevar el tema directamente a los votantes.
"La inmigración ilegal le cuesta al estado 3 mil millones de dólares por año", dijo Petersen en un comunicado, repitiendo una cifra citada en una audiencia presupuestaria en el Congreso la semana pasada.
Esa cifra provino de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, que presiona para reducir la inmigración a Estados Unidos y devolverla a niveles más "normales". El informe afirma que el año pasado Arizona recibió a 610,000 inmigrantes indocumentados y a sus hijos, a un costo para los contribuyentes de $3,200 millones.
Petersen, al igual que sus colegas republicanos, sostiene que darle al Estado control sobre su frontera compensará con creces el costo de hacer cumplir la HCR 2060.
Cuando se le preguntó dónde albergaría el estado a los niños que llegan al estado con sus padres, dijo que la medida disuadiría a las familias de cruzar la frontera.
Thornell dijo que su agencia está limitada por ley a tratar únicamente con adultos. No está claro dónde serían detenidos los niños.
Stand for Children, un grupo de defensa, dijo que preocupa cómo se trataría a los niños de acuerdo a la ley, si es que se llega a aprobar. Esto se debe a una ley existente que exige que los menores no sean alojados con adultos.
"No veo cómo podemos evitar una implementación que separa a los niños de sus familias y muy probablemente coloca a los jóvenes en el sistema juvenil, lo que sería peligroso", dijo Rebecca Gau, directora ejecutiva del grupo, en un comunicado el lunes por la noche. "Estamos tratando de evitar que los niños se involucren en el sistema, especialmente si no son culpa suya".
¿Qué pasa con personas protegidas bajo asilo?
Tampoco está clara la interacción de las solicitudes de asilo con la ley propuesta, que no dice si un inmigrante que solicite asilo federal estaría protegido de la aplicación de la ley por parte del estado. La medida sí dice que cualquier persona a quien se le haya concedido asilo puede utilizarlo como defensa contra la deportación o el encarcelamiento mientras espera la deportación.
La oficina de Petersen no respondió a una pregunta sobre las solicitudes de asilo.
Los abogados de la ACLU han argumentado que una solicitud de asilo anularía la capacidad del estado de encarcelar o deportar a cualquier persona que cruzara la frontera.
Thornell dijo que no podía comentar si las solicitudes de asilo reducirían la carga sobre las camas y el personal de la prisión.
"Ese es para los abogados", dijo. "Ciertamente creo que es algo que se mencionará".
Por ahora, basó su aumento estimado de 1,500 reclusos en datos del Departamento de Seguridad Pública del estado y la oficina de presupuesto del gobernador.
Se necesita más personal
"Inequívocamente, todas las prisiones de Arizona necesitarán más personal si esta medida entra en vigor", escribió Thornell en un memorando presupuestario.
Aunque dijo que la agencia ha tenido "ligeras mejoras" en la dotación de personal, la contratación no avanza al ritmo necesario para sostener una inyección de 1,500 nuevos reclusos, dijo. La agencia actualmente tiene un 10% de personal vacante.
La medida, con el tiempo, también debilitará la capacidad de la agencia para proporcionar camas para todos los reclusos, afirma el memorando. Actualmente, la agencia cuenta con 8,000 camas vacías, o una tasa de desocupación del 18%. Pero no hay personal para cubrir esas 8,000 camas, en caso de que se llenen.
Luego, el memorando describe un escenario terrible, suponiendo la tasa actual de encarcelamiento junto con 1,500 nuevos cruces fronterizos cada año: la necesidad de una nueva prisión.
El memorando decía que si las estimaciones de 1,500 personas agregadas al sistema penitenciario son precisas, el estado se quedaría sin camas carcelarias "utilizables", incluidas las de prisiones privadas, para 2027.
Thornell dijo que en las condiciones actuales, se necesitan de tres a cinco años para construir una nueva prisión.
Traducción Joanna Jacobo Rivera