El gobierno de Javier Milei acumula tensiones mientras crece la recesión

Los lapidarios datos interanuales relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) -con caídas de más del 21% en la actividad industrial y del 42% en la construcción- golpearon en un gobierno que enfrenta su primera crisis interna.

Incluso para economistas cercanos al oficialismo, la famosa hipótesis de la economía en V -en la que la actividad caería hasta un piso y luego iniciaría una fuerte recuperación- parece una quimera difícil de vislumbrar. En este contexto, férreos aliados del Gobierno han comenzado a mostrar grietas inéditas hasta hoy.

Los líderes de la Unión Industrial Argentina (UIA), patrocinantes entusiastas de Javier Milei desde el comienzo de su gestión, ya no pueden contener a sectores muy perjudicados por la crisis económica que el presidente desató con sus decisiones y la baja desastrosa de la actividad.

Caputo con Funes de Rioja

A la reunión en la Casa Rosada asistieron varios líderes empresariales.

Las reuniones de la mesa directiva de la UIA se describen como cada vez más tensas y surgen nuevos motivos de discordia semana a semana. Tan es así que, la semana pasada, la entidad industrial alertó acerca del riesgo de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones por las posibilidades desastrosas para el sector productivo nacional que podría entrañar.

Esa queja o advertencia surgió a partir del reclamo, ya incontenible, de cámaras industriales como Adimra, que nuclea a los empresarios metalúrgicos. La disputa es evidente y, como decíamos, no sólo por la caída de la actividad. El hecho de que un capítulo de la Ley Bases pueda haber sido redactado por abogados del estudio en el que es socio el mismo presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, genera mayor tensión.

El RIGI no es sólo criticado por los empresarios industriales. Mientras la propia expresidenta Cristina Kirchner lo caracterizó como un “estatuto legal del coloniaje”, senadores insospechados de kirchnerismo fueron muy críticos. El presidente de la UCR, Martín Lousteau, fue lapidario con el capítulo y la senadora Guadalupe Tagliaferri provocó un verdadero temblor en el PRO al desoír las órdenes de Luis Juez y mostrarse igual de crítica que el radical.

Martín Lousteau

Con este panorama, el oficialismo se resigna a que el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal no será tan exprés como en Diputados y que seguramente volverá a esa cámara con modificaciones. Eso implica también resignar su aprobación antes del 25 de mayo, fecha en la que se pretendía hacer una demostración de fuerza con el ya dudoso pacto con gobernadores. En momentos de río revuelto, todos se vuelven pescadores y es por eso que los mandatarios más cercanos a Milei -del PRO, la UCR y hasta del peronismo- reclaman reuniones privadas con el Presidente para reacomodar expectativas y exigencias.

El paro de la CGT, el choque de trenes en Palermo y una crisis en alza

El segundo paro general de la CGT no parece haber modificado en nada el rumbo y las intenciones de la gestión pero sí favorece climas. El accidente de trenes de la línea San Martín, en un contexto de vaciamiento de los ferrocarriles y de precarización de las condiciones en las que viajan sus pasajeros, tampoco tranquiliza las cosas.

Es por eso que, durante toda la semana, capearon los rumores de renuncia de algunos funcionarios y de fuertes enfrentamientos en el Gabinete. Hasta ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido ratificado -aún después del fracaso de su oferta de pago con bonos a las distribuidoras energéticas-; y la crisis entre Karina Milei y Santiago Caputo permanece en modo sordo, pero el reseteo de la administración Milei parece inevitable.

Karina Milei llegando a Casa Rosada

Télam

A esto se le suma la presión de los sectores de exportación de granos por una devaluación que el Presidente se niega a encarar. La estrategia de las patronales agrarias será esperar a que aumenten los precios internacionales para liquidar pero eso podría llevar varios meses.

No son los únicos que se quejan del atraso cambiario. Los operadores turísticos afrontan la marcada caída en la llegada de visitantes extranjeros. “Esquiar en Bariloche es más caro que en Andorra o Aspen” protestan y han tenido eco en el inefable Daniel Scioli. El voluble dirigente lo convirtió en queja hacia los privados al afirmar que “no puede ser que un centro de esquí de la Argentina tenga los valores más caros del mundo”, pero sabe que el problema recorre todo el gobierno al que ahora adscribe.

Por motivos diferentes, pero al igual que sucedió con las empresas de medicinas prepaga o pasa con las de telecomunicaciones, si el Estado cede la regulación, los privados buscan el máximo de rentabilidad sin importar los efectos sociales de eso. Efectos sociales que comienzan a preocupar a los más racionales del Gobierno. Desde los consumos suntuarios hasta la industria, desde la construcción hasta la compra de carne, la Argentina sufre una crisis que por ahora no parece tener final. Y las consecuencias políticas de eso son cada vez más notorias.