Boluarte no dimite pese a las investigaciones judiciales que afectan a su hermano

La presidenta provisional de Perú, Dina Boluarte, expresó su decisión de no distraerse en "asuntos menores" y mantener las riendas firmes de un Gobierno con una popularidad del 7%. Los analistas creen que ese porcentaje puede ser menor porque la serie de escándalos de las últimas horas amenazan seriamente su continuidad en el poder. "De ninguna manera existe la posibilidad de una renuncia", remarcó, sin embargo, su portavoz, Freddy Hinojosa en la noche del viernes.

A Boluarte no le sobran incidentes e incomodidades políticas, desde el "Rolexgate" a sus veleidades estéticas, recientemente conocidas. Pero el viernes, como señaló el diario limeño La República, fue un día negro porque se le ha abierto una nueva investigación que tiene aires familiares. Su hermano Nicanor había sido arrestado minutos antes por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Se lo ha considerado el cabecilla de una presunta organización criminal, Los Waykis en la Sombra que habría utilizado su influencia para designar autoridades en todo el país que debían pagar con favores al Palacio Pizarro. Perú es un territorio centralizado. Los prefectos de cada provincia son nombrados por el Ejecutivo. Además fue detenido nada menos que el abogado de la mandataria provisional, Mateo Castañeda, también por tráfico de influencias.

Boluarte, quien asumió a fines de 2022 la jefatura de Estado, tras la destitución de Pedro Castillo, tuvo desde el comienzo una accidentada gestión. Primero, por las protestas sociales en su contra que provocaron numerosos muertos. Después, por su alianza con la derecha, pese a haber provenido de un partido, Perú Libre, considerado de izquierda. Más tarde, los asuntos personales que se volvieron tan públicos como políticos. Las denuncias contra su hermano le provocaron irritación indisimulable. Siempre defendió su inocencia. Las escenas de su detención suponen para ella un problema mayúsculo porque no sería ajena a la trama.

La fiscalía también ha abierto diligencias preliminares en su contra por supuesto encubrimiento de un familiar tan cercano al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción. También es investigado el ministro del Interior, Walter Ortíz.

Hechos conexos

Según el diario El Comercio, todos los hechos están concatenados y pueden leerse "como un intento desesperado por tratar de evitar las detenciones" de Nicanor Boluarte y Castañeda, un letrado que en numerosas ocasiones se mostró al lado de la presidenta provisional. El Gobierno, añade la publicación, no solo ha tratado de entorpecer las investigaciones contra el hermano de la principal autoridad de Perú y sus presuntos cómplices, "sino que de paso ha terminado afectando otros casos en los que la unidad ahora desactivada venía prestando apoyo, como aquellos que implican a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y a los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo".

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena venía alertando sobre los intentos de bloquear las investigaciones contra la presidenta y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el caso de los Rolex y las joyas de lujo. "No se puede permitir el entorpecimiento en la ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que levantamos nuestra voz de protesta".

Futuro incierto

De acuerdo con el influyente portal Hildebrandt en sus trece, Boluarte ha quedado "fuera de la ley", cruzó una línea roja y "se afinca en el terreno del delito" sin "ningún tipo de rubor".

La inestabilidad política de Perú se ha vuelto endémica en los últimos años. Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dimitir en 2018 para no ser objeto de una moción de censura parlamentaria por hechos de corrupción. Su reemplazante, Martín Vizcarra, fue echado por el Congreso por razones análogas. Lo mismo ocurrió con Castillo.

Boluarte, quien ni siquiera tiene partido propio ni bancada en el Parlamento, ha salido indemne a tormentas mayores que las de sus antecesores. Su soporte es nada menos que el Congreso, cuya labor tiene un nivel de desaprobación de la sociedad equivalente al de la mandataria interina. La legislatura, consideró La República, funciona por estos días inciertos como si "nada ocurriera" porque "sigue la codicia sin freno" de sus integrantes, en su mayoría de derechas."Creen que todo lo pueden", pero, en rigor, "tienen a su socia con fecha de expiración".

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