Minería ilegal se abre campo atacando a formales: ¿Qué se necesita para evitar su crecimiento?

Las cifras de la minería ilegal son alarmantes. El 40% de la producción anual de oro pertenece a los mineros no formales, es decir, que este sector ilegal se beneficia con $ 4 mil millones anuales, esto sin contar otros costos que sumarían, en total, US$ 8 mil millones por año. A estos datos se suma la última cifra presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) donde se detalló que la minería ilegal movió, entre 2020 y noviembre del 2023, alrededor de US$ 2,392.5 millones. Además, le genera pérdidas al Perú por más de S/22,700 millones al año (2.5% del PBI).

A las cifras que revelan el incremento de la ilegalidad, también se suma el incremento de la violencia contra la minería formal. Esta escalada de ataques se evidenció una vez más el último miércoles, con la voladura de la Torre 55 en la localidad de Zancobamba, en La Libertad, conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que dejó sin energía a todas las operaciones de las unidades mineras Marañón y Santa María, de la empresa Poderosa.

En ese contexto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó nuevamente su rechazo a las acciones de criminalidad y extrema violencia que continúan perpetrando las organizaciones vinculadas a la minería ilegal, ante la inacción del Estado peruano. “Estos no son hechos aislados, en el país se viene sufriendo atentados contra la vida y la salud de las personas, y ataques sistemáticos a la infraestructura, invasiones de terrenos y propiedad privada. Estos actos criminales en escalada a manos de los mineros ilegales buscan desestabilizar la economía formal en el país”, señaló la SNMPE.

¿QUÉ SE NECESITA PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE LA MINERÍA ILEGAL?

El gremio viene demandando la urgente acción del Estado para frenar el avance descontrolado de la minería ilegal, así como implementar mecanismos rigurosos para el control en la adquisición, venta, transporte y uso de explosivos e insumos químicos. Además, es necesario el fortalecimiento de la fiscalización a las plantas de beneficio, identificando a aquellas que reciben y tratan minerales ilegalmente extraídos. Para ello, requerimos el involucramiento directo de entidades fiscalizadoras como el MINEM, OEFA, OSINERGMIN, SUNAFIL, SUNAT, entre otras.

“Las empresas mineras formales siguen rigurosos procedimientos para operar, entre ellos los necesarios para adquirir explosivos, dado que se trata de material peligroso. En cambio, las bandas criminales que trabajan con la minería ilegal ahora con total impunidad tienen en su poder y comercializan explosivos para imponer el terror”, agregó.

En esa línea, remarcó que es importante que las plantas que procesan minerales cuenten con protocolos de trazabilidad confiable que los obligue a acreditar el origen lícito del oro que producen. “Deberíamos convertirnos en un país pionero en la compra y venta de oro responsable, que no alimente esta cadena perversa y que evite pérdidas al Estado y a las regiones, así como el deterioro ambiental y de seguridad y salud”, indicó.

Es importante que los contribuyentes le exijan al gobierno contar con estrategias preventivas que cesen este tipo de actividades que solo petardean la inversión privada, la creación de empleo formal y el cuidado de nuestros ecosistemas. Un dato a tomar en cuenta es que los recursos para luchar contra la minería ilegal representan solo el 0.49% del presupuesto total para Orden y Seguridad.