Cataluña tiene uno de los parlamentos más antiguos del mundo: data del siglo XI

Se dice que en el parlamento es donde reside el poder del pueblo, y el de Cataluña es de los que más tiempo ha cumplido su función. Concretamente desde el siglo XI, cuando se formó la Corte Condal de Cataluña.

Este hecho histórico no solamente subraya la rica tradición democrática de la región, sino que también la posiciona como un referente en la preservación y evolución del sistema parlamentario a lo largo de los siglos.

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Como explican los archivos del Parlament de Cataluña, la Corte Condal catalana surgió como una extensión de la Curia real de los francos. Su composición incluía tanto a magnates civiles y eclesiásticos como a altos consejeros y jueces, dotándola de un carácter mixto, y su función principal era la de servir de órgano de apoyo en las decisiones del soberano, abarcando áreas legislativas, fiscales y judiciales.

Durante el reinado de Jaime I el Conquistador (1213-1276), se produjo la evolución de la Corte Condal hacia las Cortes Generales de Cataluña. Un cambio debido, principalmente, al aumento progresivo en el número de participantes y a la integración definitiva de la burguesía, con la inclusión de destacados representantes de villas y ciudades.

Sin embargo, el avance más importante surgió durante el reinado de su hijo, Pedro II el Grande (1276-1285) cuando, a través de la Constitución de nombre Volem, estatuïm, se instauró el sistema de soberanía pactada, un rasgo distintivo del derecho constitucional de Cataluña tanto en la Edad Media como en la moderna y que establecía que solo las leyes acordadas en las Cortes, ya fueran propuestas por el rey (constitucions) o por los estamentos (capítols de cort), eran consideradas válidas.

Bajo el Gobierno de Pedro III el Ceremonioso (1336-1387), se estableció y fortaleció la Diputación del General o Generalidad de Cataluña, encargada inicialmente de gestionar los fondos otorgados por las Cortes al rey. Esta institución ganó autonomía y competencias ejecutivas, llegando a funcionar como el Gobierno de Cataluña durante los siglos XVI y XVII, defendiendo el sistema constitucional catalán frente a los intentos de Gobierno autocrático por parte de los monarcas de la Casa de Austria.

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Con la llegada de Felipe V, el primer rey borbón (1700-1746), se mantuvo inicialmente este esquema con la convocatoria a Cortes en 1701 y 1702. Sin embargo, el conflicto de sucesión que enfrentó a Cataluña, apoyando al archiduque Carlos de Austria (como Carlos III), contra Felipe V, terminó con la derrota catalana y la caída de Barcelona en 1714. Esta derrota llevó a Felipe V a abolir, mediante el Decreto de Nueva Planta en 1716, las instituciones que existían en la región.

Desde entonces, una parte del pueblo catalán ha buscado recuperar lo que considera sus “libertades históricas”. Un hito en este proceso fue la Mancomunidad de Cataluña (1914-1925), que simbolizó un avance hacia el autogobierno, aunque finalizó con la dictadura de Primo de Rivera. Tras ella, con la Segunda República Española, se formó un Gobierno catalán provisional, adoptando el nombre de Generalitat de Catalunya. Un proyecto respaldado por un plebiscito en 1931, tras el que el Estatuto de Autonomía de Cataluña fue ratificado por las Cortes en 1932, marcando la oficialización del autogobierno bajo la denominación de Generalitat de Catalunya.

La reanudación de la tradición parlamentaria en Cataluña, interrumpida desde 1714, tuvo lugar con las elecciones al Parlamento de Cataluña el 20 de noviembre de 1932, siendo elegido Lluís Companys como el primer presidente del Parlamento. Durante la dictadura franquista (1939-1975), las aspiraciones catalanas al autogobierno quedaron en suspenso, pero se retomaron con la Transición democrática, culminando en la recuperación provisional de la Generalidad en 1977 con el regreso de Josep Tarradellas.

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La Constitución de 1978 y el Estatuto de 1979 consolidaron esta recuperación, con elecciones al Parlamento de Cataluña en 1980. En 2006, tras veintisiete años del Estatuto anterior, se aprobó y ratificó un nuevo Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el 9 de agosto de ese año, reforzando la autonomía catalana.