Las empresas petroleras extranjeras que operan en Venezuela, han comenzado una agitada carrera para obtener licencias que les permitan seguir operando en el país en medio de las sanciones que nuevamente ha aplicado Estados Unidos contra la actividad energética nacional.
Empresas que quieren permanecer en Venezuela, como la española Repsol o la italiana ENI, encabezan la lista de compañías extranjeras que desean formalizar su situación para continuar con los contratos ya suscritos con el Estado venezolano.
En este proceso, cada proyecto requiere de una licencia individual, lo que complica la situación para las empresas interesadas que, no obstante, no están dispuestas a renunciar a su intención de seguir invirtiendo en el país.
La premura de estas empresas, radica en que cualquier retraso en el proceso podría ponerlas en peligro de incumplir con las restricciones impuestas por Washington o de no poder cumplir con los compromisos contraídos con Venezuela. Las empresas interesadas solo tienen dos semanas para obtener esta licencia, si quieren seguir con las actividades en el país.
Otras empresas que están tramitando licencias, son la india Reliance Industries y la colombiana Ecopetrol, mientras que la francesa Etablissements Maurel y Prom SA, ya la obtuvo en días pasados.
Las sanciones reimpuestas por Estados Unidos, incluyen excepciones individuales para las empresas que ya tengan contratos en Venezuela, lo que les permitiría seguir operando en el país con las mayores reservas de crudo del mundo.
Chantaje electoral
Estados Unidos dejó vencer la licencia 44ª que permitía aliviar temporalmente las sanciones petroleras contra Venezuela, justo cuando se acerca la campaña que marcará el rumbo a las elecciones presidenciales.
La acción es interpretada por Caracas como un chantaje para presionar por la imposición de un candidato favorable a Washington, luego de la inhabilitación política a la señora María Corina Machado, con amplio respaldo estadounidense y que representa sus intereses en el país.
El año pasado, EEUU eliminó temporalmente algunas de sus medidas coercitivas contra la actividad petrolera y minera de Venezuela, luego de la firma del Acuerdo de Barbados, del que Washington no cumplió ni una letra, según ha denunciado el gobierno venezolano.
