La Audiencia confirma que el convento de Sant Jeroni pertenece a las monjas

El convento de Sant Jeroni de Palma pertenece a la congregación religiosa que lo estuvo ocupando durante los últimos cinco siglos, aunque en este momento esté vacío, y no es propiedad del Obispado de Mallorca, pese a que hace nueve años la Iglesia lo inscribiese a su nombre en el Registro.

La propiedad de este histórico templo religioso la ha establecido definitivamente la Audiencia de Palma, que con esta decisión escribe un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantienen en los tribunales la comunidad religiosa de las Jerónimas del monasterio de Santa Isabel y el Obispado de Mallorca. Un conflicto que inició el anterior prelado de la Iglesia, Javier Salinas y que heredó su sucesor Sebastià Taltavull, que siguió defendiendo que el convento pertenecía a la Iglesia y no a la congregación de monjas.

Es la segunda ocasión que la Audiencia se pronuncia sobre este enfrentamiento. En el primer pleito, sin embargo, solo se discutió si el Obispado podía o no inscribir a su nombre este templo en el Registro de la Propiedad, tal como hizo en el año 2008, basándose en una interpretación de una ley de 1860, que establecía que la Iglesia adquiría el dominio de todos los monasterios de Mallorca que habían sido desamortizados, pero que todavía no habían sido vendidos, entre los que se encontraba el convento de Sant Jeroni. Si bien es cierto que esta congregación de monjas de clausura venía residiendo en este convento desde hacía más de cinco siglos, la propiedad del edificio no aparecía inscrito en su nombre.

Las monjas desmienten ahora que vayan a vender el convento de Sant Jeroni de Palma

Este primer pleito lo ganó el Obispado, pero ya en la sentencia se señalaba que únicamente se estaba discutiendo el derecho a la inscripción. Los jueces no podían pronunciarse sobre la propiedad del edificio, porque este tema debía ventilarse en otro pleito. Así, las monjas, representadas por la abogada Pilar Rosselló, presentaron una segunda demanda. En esta ocasión reclamaron la propiedad del inmueble religioso. Y es en esta segunda demanda donde los jueces han dado la razón a las monjas y se la han quitado al Obispado, que ha mantenido que este pleito ya había quedado resuelto en el primer caso y, por tanto, se trataba de un tema ya juzgado. Sin embargo, el tribunal entiende que se trata de un caso que nada tiene que ver con la inscripción.

La Iglesia siempre ha mantenido que las monjas de clausura nunca fueron las propietarias de este convento y que han vivido en él “por mera tolerancia”, en una situación que podría compararse a un usufructo.

La magistrada de la Audiencia, Joana María Gelabert, que ha sido la encargada de resolver esta apelación, cita en su sentencia la jurisprudencia que ha marcado el Supremo en otros casos judiciales que podrían compararse a la pugna que se mantiene sobre el convento de Palma. Así, la sentencia señala que la citada ley del año 1860 establecía que la Iglesia “retendría” la propiedad, es decir, que ya la tenía previamente. Y aplicando esta interpretación al convento de Sant Jeroni, se afirma que antes del proceso histórico de desamortización de los bienes religiosos, el convento ya pertenecía a las religiosas y no a la Iglesia. Por lo tanto, la propiedad debe continuar en manos de las religiosas, según dicta la sentencia, que impone las costas del proceso al Obispado.

El anterior obispo Salinas justificó la inscripción de la finca en el Registro ante los rumores de que las monjas pretendían vender el edificio para convertirlo en un hotel. Desde el año 2014 las monjas ya no viven en el convento. Sin embargo, después de abandonarlo, para trasladarse a otro edificio, fueron vistas sacando de Sant Jeroni decenas de obras de arte.

La priora de la Congregación, Sor Ángeles Sanz, se comprometió públicamente a que no se vendería el convento y que la intención era que fuera ocupado por otras monjas, pero esta situación no se ha producido.

La decisión de la Audiencia no es firme, ya que con toda seguridad el Obispado recurrirá esta decisión que le perjudica ante el Tribunal Supremo, que establecerá definitivamente la propiedad.